LOS ÁNGELES.- Los jueces del Tribunal de Apelaciones del 9.° Circuito en Estados Unidos dictaminó que los Estados tienen facultad de restringir el porte de armas de fuego en espacios públicos, al considerar que las regulaciones estatales no contravienen las disposiciones contenidas en la Segunda Enmienda constitucional.
Con una votación dividida de 7 a 4, los jueces del tribunal ratificaron la legislación de Hawái que prohíbe a los residentes del Estado portar armas abiertamente en lugares públicos, a menos que cuenten con los permisos necesarios para ello, los cuales están limitados a personas que puedan demostrar la necesidad de usarlas por temor a sufrir daños.
Se recuerda que esta disposición fue impugnada por George Young, un hawaiano que en 2011 demandó al Estado por denegarle la autorización de llevar armas de fuego fuera de su residencia, con el alegato de que la ley violaba la prohibición de la Segunda Enmienda de infringir "el derecho del pueblo a tener y portar armas".
En este contexto, el juez Jay Bybee, uno de los siete que votó a favor de respaldar la legislación hawaiana, señaló que "el Gobierno puede regular, e incluso prohibir, en los lugares públicos […] el porte abierto de armas pequeñas susceptibles de ser ocultadas, tanto si se llevan ocultas como a la vista" y que la Segunda Enmienda no establece el "derecho irrestricto" de llevarlas en público, limitando su uso al ámbito del hogar.
Este dictamen judicial de alguna manera, sea a favor o en contra, tendra una influencia sobre lo que ocurra con el reciente pedido al Capitolio del presidente Joe Biden, para que se aprueben medidas regulatorias sobre la comercialzacion, compra y uso de armas de fuego.
Recientemente el presidente Biden hizo una declaración sobre la reintroducción de algunas restricciones en materia de armamento, en especial de los fusiles de asalto, tras la masacre ocurrida recientemente en Boulder, Colorado, en la que un hombre abrió fuego al interior de una plaza comercial matando a 10 personas,incluido un policía.
No obstante, el juez Diarmuid O'Scannlain no dio su respaldo a la sentencia, alegando que vulnera los derechos del ciudadano común y corriente a portar armas con motivos de autodefensa, pero su posicion fue tan minoritaria que solo tuvo su propio respaldo.
El polémico fallo podría ser apelado ante el Tribunal Supremo, afecta a los Estados de Alaska, Hawái, California, Arizona, Oregón, Washington y Montana, ya que son los únicos que se encuentran bajo la jurisdicción del 9.° Circuito.
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