LA PAZ. - La Policía boliviana confirmó este martes que al menos dos ex ministros del gobierno de facto que por poco tiempo fue instaurado en esta nacion tras el golpe de Estado dado por las Fuerzas Armadas al ex presidente Evo Morales, han huido atemorizados de que el nuevo gobierno lo lleve a la prisión
La noticia fue confirmada por el comandante nacional de la Policía boliviana, Jhonny Aguilera, quien dijo que entre los fugados figuran dos exministros del gobierno de facto de Jeanine Áñez, quienes se fueron a a Brasil y a Panamá, tras ser vinculados con acciones de corrupción.
Los fugados son los exministros de facto de las carteras de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, ambos requeridos por la justicia boliviana, precisó Aguilera, en declaraciones a radio Fides, las cuales fueron reproducidos por medios locales, nacionales e internacionales.
De acuerdo con el relato de Aguilera, sin precisar fecha, ambos tomaron un vuelo oficial de la Fuerza Aérea Boliviana de Santa Cruz a Puerto Suárez, extremo este del país, y desde ahí salieron rumbo a Corumbá, en el estado de Mato Grosso del Sur, en Brasil, que está a 35 minutos en auto.
"Hoy estamos en la convicción de que Migración Brasil ha podido certificar a la Dirección de Inteligencia el ingreso del señor exministro de Gobierno Arturo Murillo y de Luis Fernando López Julio exministro de Defensa", dijo Aguilera.
Añadió que, luego, el pasado 9 de noviembre, Murillo viajó de Brasil a Panamá; mientras, tuvieron conocimiento que López permanece en territorio brasileño., dijo Aguilera, quien asumió este lunes como la máxima autoridad policial de Bolivia, y quien había anunciado una amplia operación para capturarlos.
Sobre estos dos exfuncionarios del gobierno de facto pesa una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Bolivia en el marco de una investigación por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, los que alegadamente fueron usados para apaciguar las protestas contra el gobierno de facto de Jeanine Añez
El proceso se abrió tras una denuncia presentada por diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), que aseguran que López firmó en diciembre de 2019 un contrato con la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, con sede en EE.UU., para la adquisición de los cartuchos de gases lacrimógenos, por 5,6 millones de dólares, generando un perjuicio al Estado por aproximadamente 2 millones de dólares.
Este mismo martes, la Fiscalía informó que solicitará ante la Interpol la activación del sello azul, que permitirá determinar la ubicación de Murillo y López, a los fines de que sean capturados y retornados a Bolivia para que sean juzgados por los delitos imputados.
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