SANTO DOMINGO.- Por primera vez en la República Dominicana, los fiscales integrados a su Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), anunciaron una huelga laboral en reclamo de que la Procuraduría General de la República (PGR) les entregue el dinero correspondiente a su plan de retiro, pensiones, jubilaciones, en momento en que su inspector general fue cancelado y es investigado para un posible sometimiento ante los jueces.
La huelga podría no solo afectar los procesos de encarcelamiento, libertad y las audiencias a los no condenados, sino que igual afectaría los reclamos de propietarios de viviendas solares, fincas y otras propiedades en litigio, en los que acusan a invasores y ocupantes ilegales de haberse apoderado de ellas a la fuerza o con documentos falsificados, lo que causaría un trastorno en el sistema jurídico nacional.
Todo esto ocurre en momentos en que fue destituido quien durante dos años fungiera como inspector general de la PGR para vigilar las actuaciones de los fiscales barriales y municipales, la mayoría de los cuales tienen sus oficinas dentro o al lado de cuarteles de la Policía y son acusados por ciudadanos de haberse aliado a policías delincuentes en vez de defender los derechos civiles, El destituido inspector general, Juan Medina Santos fue sustituido por otro abogado juramentado en esta foto por la procuradora general, Miriam German Brito.
Otro reclamo de los fiscales es que la PGR establezca la paridad salarial con la Suprema Corte de Justicia y según el presidente del gremio, doctor Francisco Rodríguez, las autoridades tienen más de 20 años incumpliendo el mandato de la Ley No.194-04 sobre Independencia Presupuestaria del Ministerio Público que obliga entregar los recursos a la PGR, lo que dispone la Ley No.133-11, el artículo 109 de la Constitución y el 1 del Código Civil. Además.
Igual se quejan de que como fiscales han estado "peleando" contra los criminales y otros delincuentes mientras siguen ejerciendo sus funciones en condiciones de peligrosidad, con muchas precariedades, limitaciones, agresiones, discriminaciones, vejámenes y enfermedades que ha mermado su calidad de vida, por lo que piden la intervención del presidente Luis Abinader.
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