SANTO DOMINGO.- El pedido que le hizo este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a República Dominicana y la preocupación de dicho organismo sobre por las deportaciones de haitianas embarazadas fue rechazado por el gobierno.
En un comunicado fechado en Washington, la CIDH afirma que las expulsiones de mujeres embarazadas las expone “a graves vulneraciones de su derecho a salud, especialmente de la salud reproductiva”.
En respuesta, el gobierno dominicano, por medio de la Cancillería, le comunicó a la CIDH que República Dominicana no cargará con la crisis haitiana y manifestó su más enérgico rechazo a la irresponsable pretensión de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los hombros dominicanos".
Temasactualesrd recuerda que desde la última guerra de independencia librada por los dominicanos contra los haitianos, sectores patriotas y nacionalistas dominicanos han estado oponiéndose a la entrada ilegal de haitianos a este país y a la gran presencia de estos migrantes en territorio dominicano, ademas de que son dos pueblos con idiomas, cultura y religiones distintas.
Sobre alegados maltratos a las haitianas embarazadas, la Cancillería dominicana sostiene que no hay evidencia de ningún caso de que mujer alguna haya sido sacada de un hospital mientras estaba en labores de parto como se ha denunciado, que los procesos de deportación de los extranjeros ilegales se realiza conforme al derecho internacional y siguiendo todas las normas de protección de los derechos humanos.
Le recordó que desde 2004 Haití está bajo mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero que el fracaso de la comunidad internacional en ese país «ha dejado a la República Dominicana en la inadmisible situación de suplir por sí sola la ausencia de servicios públicos del vecino país».
Manifestó que el deterioro institucional de Haití, sobre todo a partir de 2019, ha agravado una situación excepcional y extraordinaria de ingreso masivo de migrantes haitianos hacia República Dominicana, entre ellos, mujeres embarazadas en procura de los servicios gratuitos de salud pública que su gobierno no les provee.
Ocurre porque desde esta pasado noviembre, las autoridades migratorias dominicanas han estado arrestando haitianas embarazadas en las inmediaciones de hospitales y centros médicos públicos, cuando acudían a consultas médicas, y las han deportado a Haití, debido también a que en muchos casos, se quedan viviendo ilegalmente en territorio dominicano.
Las deportaciones se enmarcan en el endurecimiento de las políticas migratorias anunciado por autoridades dominicana como respuesta a la grave inestabilidad política que atraviesa Haití y por los crecientes gastos sanitarios que el país invierte en dar atención médica a la población inmigrante, que en su gran mayoría procede de su vecino Haiti, con quienes los dominicanos ocupan la isla caribeña La Española..
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