MADRID. - El gobierno de España tendrá que entregar a Estados Unidos a una venezolana reclamada por las autoridades judiciales norteamericanas, por orden de la Audiencia Nacional que este viernes aprobó la extradición de la fugitiva, Claudia Patricia Díaz Guillén, por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal para favorecer al empresario Raúl Gorrín y al exmilitar y extesorero venezolano Alejandro Andrade.
Los tres son acusados de una presunta trama de corrupción que se habría ejecutado a partir del ganancias fraudulentas a través del cambio de divisas extranjeras y la comisión de sobornos y en el caso de Díaz Guillén, habría cometido los delitos cuando fue jefa de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela entre 2011 y 2013, y secretaria ejecutiva del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) en el mismo período.
De acuerdo a medios locales, los magistrados consideran que en el caso de Díaz Guillén se dan todos los requisitos para atender la petición de extradición realizada por el Tribunal Federal de Distrito Sur de La Florida, por presuntos delitos que en Estados Unidos están tipificados como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y de instrumentos monetarios, equivalentes en España a blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
En Venezuela, la exfuncionaria también es solicitada por la presunta comisión de delitos de lavado de activos, asociación ilícita y malversación, al igual que su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, un antiguo miembro de la guardia de honor presidencial durante el gobierno de Hugo Chávez, pero las autoridades judiciales de España prefirieron enviarla a Estados Unidos.
La exfuncionaria es una militar que paralelamente se graduó en Enfermería y Derecho; y que en 2001 entró al equipo de la seguridad presidencial venezolana, lo quie le sirvió para incorporarse luego como enfermera en el equipo médico del presidente Chávez, un cargo que ocupó entre los años 2003 al 2011.
La Fiscalía venezolana había solicitado una orden de captura con alerta roja de la Policia Internacional, INTERPOL, contra Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, quienes aparecen vinculados al escándalo de corrupción de los Panamá Papers, ambos captutados en España en 2018 y ese mismo año la justicia española aprobó la de extradición ambos a Venezuela, pero no fue ejecutada, sino que el dictamen fue revertido con el alegato de que la vida de ambos corría peligro en Veneuzela.
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