BOGOTÁ .- A pesar de haber sido suspendidas las protestas en Colombia, decida por organizaciones populares y de la sociedad civil, los 50 días de paro nacional dejaron un saldo contrastante de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y ciertamente pusieron en peligro el sistema democrático que solo faltó que un sector de las Fuerzas Armadas dieran un golpe de Estado contra el presidente Iván Duque con el alegato de que asi podian restablecer el orden y la paz social.
Conforme a portales de noticias nacionales y extranjeros, las protestas comenzaron el 28 de abril en repudio a una reforma tributaria que Duque presentó ante el Congreso bajo el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible y que, entre otras medidas, pretendía aumentar el IVA en productos y servicios y ampliar el padrón de contribuyentes.
Este martes, el Comité Nacional del Paro anunció la suspensión temporal de las protestas que, en medio de la pandemia de coronavirus, han incluido marchas masivas y bloqueos de caminos, acciones, según el Ministerio de Hacienda, provocaron pérdidas de por lo menos 3.000 millones de dólares, agravando la crisis económica de los colombianos.
Desde que comenzaron las movilizaciones, la organización no gubernamental Temblores llevó un pormenorizado recuento de las denuncias en las represiones que, de forma constante, sufrieron los manifestantes, muchos de los cuales mas que contra la reforma impositiva, estuvieron movilizándose contra los frecuentes asesinatos políticos de activistas sociales y campesinos, tanto en ciudades como en poblados rurales.
En un informe, que en ciertos aspectos coincide con el informado al mundo por Human Rights y la plataforma estadounidense InSight Crime, expresa que en los 50 días de protestas hubo 4.285 casos de violencia policial y que 1.468 personas fueron víctimas de violencia física por parte de policías, aparte de los 43 homicidios en los que están involucrados personal de las fuerzas de seguridad.
Además, reportaron 30 casos de uso de Venom, una cuestionada arma que se colocaba encima de las tanquetas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y que lograba lanzar municiones a una distancia de 150 metros, las que si bien no están consideradas como armas letales, sí provocan heridas.
A ello se le suman 1.832 detenciones arbitrarias y 734 intervenciones violentas por parte de agentes policiales, donde se incluye a 28 víctimas que denunciaron violencia sexual por parte de policías y a por lo menos 70 manifestantes que fueron agredidos directamente en los ojos, una de las prácticas represivas más violentas que se utilizaron en las protestas sociales de fines de 2019 en Chile y que convirtió a las personas mutiladas en símbolo de las históricas movilizaciones contra el Gobierno de Sebastián Piñera.
Con respecto a las 419 personas reportadas como desaparecidas durante las manifestaciones en Colombia, el último reporte de la Fiscalía General de la Nación aseguró que ya habían sido localizadas 335, pero en la mayoria de los casos sus parientes no han confirmado esta versión gubernamental, que en principio fue recibida como una medida para paliar las protestas contra el gobierno.
En medio de la creciente inconformidad popular, una parte de los colombianos se estremecieron con la explosión de un carro-bomba en la entrada de las instalaciones de la denominada Brigada 30, hecho que las autoridades atribuyen al Ejercito de Liberación Nacional que ha negado su participación en el atentado, que este jueves se confirmó que es investigado por federales de Estados Unidos, a petición del gobierno, medida fustigada por los opositores a Estados Unidos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario