CARACAS.- Cinco casos de crímenes en los que se habrían violado los derechos humanos contra opositores políticos en Venezuela, fueron transparentados por el gobierno ante la Corte Penal Internacional, CPI, apoderada que ha estado sopesando los alegatos del Estado sudamericano y los de los organismos internacionales de derechos humanos.
A inicio de esta semana, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, detalló que la tercera ampliación de los informes enviados previamente (el 2 de octubre de 2020 y el 5 de febrero de 2021), fue remitida el pasado fin de semana para dar respuesta a los requerimientos realizados por la Fiscalía de la CPI con sede en La Haya, Paises Bajos.
Se refiere a cinco casos emblemáticos que han evolucionado a través de las investigaciones,. 1, las muertes del concejal Fernando Albán y del capitán Rafael Acosta Arevalo, mientras se encontraban privados de libertad; 2, el fallecimiento del manifestante opositor Juan Pablo Pernalete, durante una protesta; 3, la llamada 'Masacre de El Limón' en el estado La Guaira; y 4 el homicidio de dos trabajadores del medio de comunicación Guacamaya TV, en el estado Zulia.
Sobre el caso del concejal Albán, quien murió el 8 de octubre de 2018 bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), acusado de participar en el plan de magnicidio contra el presidente, Nicolás Maduro, las primeras versiones aseguraron que se había lanzado del edificio principal del organismo policial en Caracas.
Saab comentó que los funcionarios responsables de su detención fueron formalmente acusados por "quebrantamiento de normas de custodia", pero tras las averiguaciones, la Fiscalía solicitó la nulidad de esos cargos tras "observar violaciones a las garantías constitucionales".
La causa retrocedió a la fase de investigación, pero axctualmente se imputó a los efectivos de los cargos de "homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido".
Igualmente se refirió al fallecimiento el 29 de junio de 2019, cuando estaba bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de Arévalo, quien se encontraba detenido por estar presuntamente relacionado a un intento de golpe de Estado.
Al respecto, el fiscal general de Venezuela, en su nuevo informe detalla los adelantos procesales e investigaciones relacionadas con estos y otros casos de violaciones de derechos humanos, perpetradas por efectivos de seguridad del Estado.
"Este nuevo documento, que ya es el tercero, no es más que la continuación de la colaboración absolutamente irrestricta de las autoridades venezolanas con la Fiscalía de la CPI, en todos aquellos puntos sobre los que ha sido requerida", dijo Saab, haciendo referencia al examen preliminar que abrió esa corte, en febrero de 2018, por presuntos abusos de funcionarios de los organismos de seguridad.
En su informe, Venezuela pide a la CPI que informe si "los compromisos concretos anunciados, y las medidas ya adoptadas a nivel nacional, son suficientes para la evaluación que realiza en la fase actual", e insta a la corte a notificar "con cierta premura" si existe "alguna observación particular", para que el Estado pueda cumplir con "las propuestas concretas de mejora".
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