SANTO DOMINGO.- Un evangélico que alegadamente rentó un local donde abrió una iglesia y se auto-designó como el pastor sin haber sido ordenado por un ministerio, fue enviado a la cárcel de La Victoria por una juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en la región Oeste de la capital dominicana.
La magistrada Clara Rivera dispuso que el imputado Pedro Cuello del Rosario cumpla tres meses de prisión preventiva tras ser acusado por la madre de violar su hija menor de edad, por lo que permanecerá en la cárcel de La Victoria hasta que se le prepare juicio de fondo, donde si es hallado culpable podria ser condenado a entre 6 y 10 años.
Según estableció la Fiscalía, su investigación se inició el pasado 12 de febrero, cuando la madre de la adolescente de 16 años, cuyo nombre se omite por asuntos legales, se presentó a la Unidad de Violencia de Género de la jurisdicción para denunciar que el pastor Cuello del Rosario tuvo relaciones sexuales con su hija desde que ella tenía 14 años.
La querella contra el religioso indica que la agresión fue descubierta el 10 de febrero de este año, debido a que la menor de edad se fue a escondida de su casa ubicada en el sector Rivera de Haina, a las 3:00 de la madrugada, con el imputado Cuello del Rosario, quien la pasó a recoger para llevarla a una cabaña y que la regresó a las 7:00 de la mañana.
La madre se dio cuenta del hecho, luego de percatarse de que la adolescente no estaba en su habitación y salió desesperada a buscarla por el residencial, lo que produjo alarma en la vecindad, pero el imputado fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Las Américas, mediante una alerta migratoria, cuando trataba de irse del país.
Entre los evangélicos dominicanos es frecuente auto nombrarse como pastores luego de que pueden impresionar a creyentes de escasos conocimientos para lo cual alquilan locales para improvisar iglesias, debido a que el Consejo de la Unidad Evangélica, CODUE y el Ministerio de la Fe, entre otros, se hacen los desatendidos ante este problema.
El caso ha recibido la calificación jurídica de agresión sexual y violación sexual, de acuerdo con los artículos 330 y 331 del Código Penal dominicano, así como los artículos 12 y 396, literales B y C, de la Ley 136- 03, del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
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