WASHINGTON.- Para el ex presidente Donald Trump es absurdo que el Capitolio le haga un juicio político cuando ya no ostenta el cargo, acusado de incitar "a la insurrección". y que lo establecido en la Constitución es que el ""impeachment" se le hace a quien se mantiene en funciones que no es su caso.
En un documento entregado al Senado los abogados Bruce Castor y David Schoen sostienen que el Senado no tiene jurisdicción para destituir a alguien que ya no ocupa cargo alguno, por lo que la cláusula de que 'debe ser destituido de su cargo en un juicio político por...' es imposible de implementar para el Senado y es invalida desde el principio.
Asimismo, los defensores de Trump también objetan el argumento de que la 14.ª enmienda a la Constitución prohíbe ocupar el cargo a cualquier persona que se haya visto involucrada "en una insurrección o rebelión contra Estados Unidos", dado que Trump no participó en ningún momento en actividades de este tipo.
Los abogados también argumentan que hacer uso de esta enmienda contra Trump equivaldría a un escrito de proscripción (Bill of Attainder) —cuando declaran culpable a alguien sin juicio de por medio—, explícitamente prohibido bajo el Artículo 1, Sección 9 de la Constitución.
En su respuesta para el Senado, el nuevo equipo legal de Trump defiende sus declaraciones sobre las elecciones fraudulentas, subrayando que se trata de su opinión, y como cualquier estadounidense el expresidente está protegido por la Primera Enmienda a la Constitución que garantiza la libertad de expresión.
Sostienen que Trump tiene derecho a "expresar su creencia de que los resultados de las elecciones fueron dudosos, ya que con muy pocas excepciones, bajo el conveniente disfraz de 'protecciones' por la pandemia de covid-19, los políticos o jueces locales cambiaron las leyes y los procedimientos electorales en los estados sin las aprobaciones necesarias de las legislaturas estatales".
En cuanto a las acusaciones de que Trump "emitió declaraciones falsas en reiteradas ocasiones" sobre los resultados de las presidenciales, los abogados señalan que "no existen pruebas suficientes sobre las que un jurista razonable pueda concluir que las declaraciones del 45.º Presidente fueron exactas o no, por lo que niega que fueran falsas".

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