SANTIAGO DE CHILE..-El Instituto chileno de Salud Pública (ISP) y entidades nacionales e internacionales que previenen el embarazo no deseado en este país, se sorprendieron tanto como al menos 110 mujeres en edad fértil que reportaron haber quedado embarazadas a pesar de haber ingerido pastillas anticonceptivas.
En la medida en que fueron quejándose del problema y las autoridades investigando cuales anticonconceptivos habían ingerido, las autoridades establecieron que fueron los fabricados por los laboratorios Silesia S.A. y Andrómaco S.A. por lo que el gobierno les impuso multas que entre ambos tuvieron que pagar mas de 92.000 dólares.
Las industrias farmacéuticas fueron sancionadas por la fabricación y distribución del anticonceptivo Anulette CD, comprimidos recubiertos con "problemas de calidad", lo que provocó más de 110 embarazos no deseados.
"Una vez que un producto farmacéutico es registrado, corresponde al titular del registro y a sus responsables técnicos dar fe de que este se elabore, produzca, importe, libere, distribuya y expenda cumpliendo las especificaciones del producto y con las buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento y de distribución", indicó el ISP en un comunicado emitido a principios de esta semana.
De acuerdo con el ente estatal, estos anticonceptivos, en sus series B20034A y B20035A, evidenciaron la presencia de alvéolos vacíos, alvéolos con comprimidos triturados y dos comprimidos en un alvéolo, lo que, sostuvo, vulnera las normas contenidas en el Código Sanitario.
Este caso se hizo conocido en agosto de 2020, cuando 111 mujeres denunciaron haber quedado embarazadas pese a estar tomando Anulette, pastilla que se reparte a más de 380.800 personas a lo largo de todos los centros de salud pública de Chile.
Tras esto, el ISP emitió una resolución que suspendía el registro sanitario del producto y ordenaba el retiro de los lotes afectados, además de una cuarentena total para la producción del fármaco, hasta que los laboratorios demostraran que los equipos de fabricación habían sido calibrados nuevamente.
"Actualmente el medicamento se sigue vendiendo y repartiendo en los centros de salud", alertó en una entrevista radial Laura Dragnic, de la Organización Miles Chile, quien sostuvo que "el Estado no hizo ningún tipo de investigación para clarificar si habían otros lotes defectuosos y se traspasó esa responsabilidad a las usuarias".
La organización también dijo que "la multa es irrisoria" ante el daño causado, al tiempo de denunciar que los recursos obtenidos de esa sanción no serán destinados a atender a las afectadas a fin de que puedan llevar sus embarazos hasta feliz término, ademas de sostener que las autoridades obtuvieron dinero para el fisco, pero no para ayudar económicamente a las afectadas.
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