CARACAS, - El gobierno venezolano ha estado permitiendo que empresas privadas administren al menos 13 empresas de alimentos que fueron nacionalizadas hace una década, confirmaron personas familiarizadas con la situación que creen se trata de un esfuerzo destinado a mejorar las operaciones que sufrieron luego de que fueran declaradas estatales.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha mantenido la propiedad de empresas en dificultades que producen alimentos que van desde harina de maíz y productos lácteos hasta atún y semillas enlatados, pero ha licenciado las operaciones a terceros a cambio de un pago, según las fuentes y documentos vistos por Reuters que este lunes divulgó la información..
Detalla que se trata de otro ejemplo de cómo el presidente Nicolás Maduro ha revertido elementos clave del modelo económico liderado por el Estado durante la gestión gubernativa de su predecesor Hugo Chávez, como parte de la liberalización económica que comenzó en 2019 en respuesta a las sanciones de Estados Unidos y al colapso económico.
Pero parece poco probable que el cambio cambie drásticamente la productividad agrícola luego de una década de subinversión y una economía hecha jirones por años de hiperinflación, economistas, expresa la crónica.
"Con la crisis económica, se está cambiando el modelo de gestión para aumentar los ingresos o reducir el gasto estatal", dijo el economista Richard Obuchi, director de la consultora local ODH, citado por Reuters.
Conforme a lo revelado a Reuters, los operadores privados deben asumir los costos de nómina y financiar inversiones, y destinar parte de su producción a programas estatales de distribución de alimentos,.
Menciona una de las empresas ahora bajo administración privada, la Industria Venezolana Maicera Pronutricos, fabricante de harina de maíz, que fue "estatizada" hace 11 años.
Este año, sus operaciones fueron arrendadas por cinco años a una firma llamada Alimentos El Maizal por el equivalente a alrededor de $ 16,000 por mes, según una copia del acuerdo vista por Reuters.
Revela que estos arreglos están cubiertos por una "ley anti-bloqueo" destinada a renovar la economía en respuesta a las sanciones, "legislación que fue aprobada en 2020 por una legislatura progubernamental paralela llamada Asamblea Nacional Constituyente, que se disolvió en diciembre".
Los funcionarios estatales describen los acuerdos como alquileres de instalaciones industriales o, a veces, como "alianzas estratégicas".
“Se crean alianzas estratégicas para que (empresas privadas) sean las que administren las (empresas estatales)”, dijo Rafael Calles, gobernador del estado agropecuario de Portuguesa, en una entrevista..
Dijo que Portuguesa recibe alrededor de $ 60.000 por mes de empresas que operan empresas nacionalizadas, agregando que los fondos pagan la compra de bombas de agua y transformadores eléctricos.
El Ministerio de Información, el Ministerio de Agricultura, Pronutricos y Alimentos El Maizal no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Recuerda que el extinto presidente Chávez en 2007 inició una ola de nacionalizaciones que puso a cientos de empresas bajo control estatal en sectores descritos como "estratégicos", que iban desde operaciones de la industria petrolera hasta empresas agrícolas y empresas procesadoras de alimentos.
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