SAN JOSÉ, - La encargada de la Procuraduria General de Costa Rica, Emilia Navas, este viernes anunció su renuncia "para evitar conflictos de intereses" en una investigación del Ministerio Publico de un caso en el que su esposo representa legalmente a varios de los acusados.
La semana pasada, las autoridades judiciales revelaron que estaban investigando el "crimen organizado" a gran escala que involucra a empresas constructoras y una red de funcionarios públicos, incluido un asesor cercano del presidente Carlos Alvarado, precisan medios locales y agencias internacionales, entre las que figura Reuters.
Detalla que tras darse a conocer la noticia, autoridades judiciales llevaron a cabo decenas de redadas y arrestaron al menos a 30 personas en relación con un presunto plan que provocó un déficit estimado de 127 millones de dólares en el presupuesto para obras viales entre los años 2018 y 2020.
Indican que la investigación de dos años ha sido realizada por agentes de policía y fiscales que dependen de Navas. Pero su esposo, Francisco Campos, es abogado defensor de las dos principales empresas en foco: H Solis y la transnacional Meco.
"Para no debilitar el papel del Ministerio Público y no distraerme de lo esencial, la lucha frontal contra la corrupción, he decidido retirarme", explica Navas en un comunicado, agregando que la investigación había dado lugar a una "serie de ataques personales y ataques contra la institución".
Entre tanto, un abogado de los propietarios de H Solis dijo que sus clientes eran inocentes, mientras que otro penalista del propietario de Meco manifestó que las investigaciones estaban "viciadas por graves irregularidades y violaciones de los procesos".
La Corte Suprema de Justicia del país nombró, a principios de esta semana, un fiscal especial para el caso de soborno tras lo cual el tribunal analizó el posible conflicto de intereses de Navas pero decidió no abrir una investigación.
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