SANTO DOMINGO.- Ante las quejas de que las declaraciones juradas de bienes presentadas recientemente por los salientes y entrantes funcionarios del gobierno dominicano, la encargada de la Procuraduría General de la República (PGR), dispuso una investigación para establecer si es cierto que han falseado las cifras de sus bienes personales y familiares.
En un comunicado de prensa, la doctora Miriam German Brito anuncia que las investigaciones se realizan a las declaraciones juradas, tanto de los actuales como salientes funcionarios, a los que les advirtió que no deben falsar los datos o sobre sus patrimonios.
Entre las declaraciones juradas de bienes mas cuestionadas figuran la del saliente ex presidente Danilo Medina, cuyo monto patrimonial apenas llega a 25 millones de pesos y la de un sindico "primerizo" cuya declaracion jurada precisa que tiene bienes valorados en 1,000 millones de pesos, las que unos creen que fue muy disminuida y otros que fue muy abultada.
La doctora Germán Brito explica en el informe de prensa que el Ministerio Público procede conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, promulgada el 8 de agosto de 2014, en cuanto a las indagatorias ordenadas.
El citado artículo autoriza a la PGR a actuar frente a los funcionarios y exfuncionarios que incurran en una violación a la ley, al dejar de presentar su declaración jurada de patrimonio ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio de la Cámara de Cuentas.
Ese articulado indica que "“la información suministrada por la Cámara de Cuentas de la República podrá ser utilizada por la Procuraduría General de la República para iniciar una investigación preliminar sobre dicho funcionario”.
Añade que la Procuraduría puede, además, “iniciar investigaciones preliminares con la información o identificación de incrementos patrimoniales por parte de cualquier funcionario público”.
Germán Brito adelantó que el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, reportó a la Procuraduría General los nombres de 392 funcionarios que permanecían “omisos” hasta el 17 de junio de 2020, con lo cual son pasibles de sanciones.
“Los órganos de investigación del Ministerio Público procederán a investigar los casos reportados por la Cámara de Cuentas y, al igual que los casos de los funcionarios salientes y entrantes, procederá conforme al mandato de la Ley 311-14”, dijo Germán Brito, previo a recordar que cada inobservancia del marco jurídico conlleva sanciones.
En ese sentido, el artículo 14 de la Ley 311-14 explica que el servidor público que omita presentar su declaración de patrimonio o deje de reportar algún bien “incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No.41-08, de Función Pública”, la que conlleva la cancelación del funcionario que la cometa y penalización de los actuales o ex funcionarios.
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